Un joven de 25 años fue condenado por una serie de delitos cometidos contra su expareja y realizará tratamiento para controlar sus impulsos violentos.
Fue condenado como autor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada (tres hechos), desobediencia judicial (cinco hechos), violación de domicilio (tres hechos), robo (dos hechos), daños, lesiones leves agravadas por relación de pareja y por el género (dos hechos), agresión con toda arma y amenazas todo en concurso real.
Los hechos que llevaron a esta condena se desarrollaron a lo largo de varios meses, comenzando el 5 de junio de 2023. Pasadas las 10 de la noche el acusado se encontraba en compañía de la víctima cuando revisó su teléfono celular y la agredió físicamente motivado por celos. La mujer pudo liberarse y dar aviso a la policía, que demoró al agresor.
A partir de este hecho, el acusado continuó hostigando a su expareja, a pesar de que se le impusieron medidas cautelares como la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento. El 14 de febrero de 2024, ingresó sin autorización a la vivienda de la víctima, golpeándola en el rostro e intentando robarle el teléfono. Diez días después, violó nuevamente la prohibición de acercamiento al presentarse en el domicilio de la víctima.
A fines de mayo el acusado ingresó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente de nuevo, situación que se reiteró luego, el 8 de septiembre, aunque en esta oportunidad le robó quinientos mil pesos y tarjetas de débito de la víctima.
Finalmente, el 4 de noviembre pasado, volvió a agredirla en su domicilio y la amenazó.
En una audiencia flexible y multipropósito el juez de Garantías 4 Diego Rodríguez Pipino lo condenó a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, lo que significa que deberá cumplir las reglas de conducta impuestas.
Entre otras reglas a cumplir, se le impuso la prohibición de ejercer actos de violencia verbal, físicos o psicológicos en perjuicio de la víctima y de acercamiento en un radio de quinientos metros respecto ella. Deberá someterse al Programa de Intervención con Agresores de Violencia de Género y realizar tratamiento psicológico para control de su agresividad y tratamiento de rehabilitación por sus adicciones.
Finalmente se ordenó su incorporación al Banco de Datos Genéticos.
/Poder Judicial de Salta