Dos sujetos de 49 y 50 años, imputados por el delito de defraudación por administración fraudulenta, accedieron por un año a una suspensión de juicio a prueba. Ambos deberán reparar el daño causado abonando una compensación económica a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADIC). Además cumplirán una serie de reglas de conducta y donarán materiales al Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes y a la Unidad Regional 7 de esa localidad.
Ambos habían sido denunciados por el cobro irregular de aranceles de SADAIC.
El ilícito salió a la luz a partir de un hecho ocurrido en octubre de 2022. Personal policial arribó a un domicilio en General Güemes por una denuncia referida a una posible fiesta clandestina. Cuando solicitaron a la responsable los papeles habilitantes, la mujer entregó un recibo de SADAIC firmado por uno de los acusados, que es policía. Se constató luego que el comprobante no era oficial y que el acusado tenía en su domicilio un talonario con esos recibos. Con ellos realizaba los cobros indebidos. El otro imputado, que era el responsable oficial de hacer esa tarea para la entidad damnificada, participaba de la maniobra y no rendía los comprobantes.
El juez Aldo Saravia, del distrito centro, hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba por considerar que estaban dados todos los presupuestos para la procedencia del instituto. Les dictó a los acusados una serie de reglas de conducta: fijar domicilio y comunicar cualquier cambio a la Oficina Judicial; abstenerse de cometer nuevo delito; abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de consumir estupefacientes.
Además, admitió la reparación económica ofrecida a SADAIC por el daño causado, consistente el pago de 100 mil pesos mediante transferencia. Consideró que el monto era razonable, sin perjuicio de las acciones civiles que la entidad perjudicada pudiera iniciar en contra de los acusados.
También admitió la reparación social ofrecida, consistente en material para el hospital de General Güemes (Alcohol, algodón y lavandina) y a la comisaría de dicha localidad (resmas de papel).
Por el Ministerio Público intervino Jésica Causarano, secretaria de la Fiscalía Penal de General Güemes.