Un hombre de 49 años, imputado por el delito de abuso sexual simple, accedió durante dos años al beneficio de la suspensión de juicio a prueba. La jueza del distrito centro, Gabriela González, hizo lugar a la solicitud del acusado por entender que estaban dados todos los requisitos legales para la concesión de la probation. Le impuso reglas de conducta y estableció los términos de la reparación económica que le ofreció a la víctima.

Los hechos denunciados ocurrieron en las instalaciones de una empresa de aguas, en la localidad de General Güemes. El sujeto trabajaba en el lugar como operario y fue denunciado por una mujer que se desempeñaba en el área de limpieza. Se lo imputó por dos hechos de abuso sexual simple, en concurso real.

La víctima fue informada acerca de los alcances del instituto otorgado al imputado. Aceptó la reparación ofrecida y el pedido de disculpas exteriorizado por el sujeto en el marco de la audiencia.

Por el Ministerio Público intervino la fiscal Elisa Pérez.

Para conservar el beneficio de la probation, el acusado deberá cumplir durante dos años las siguientes obligaciones: fijar domicilio e informar cualquier cambio al tribunal; someterse a los controles de la Secretaría de reglas de conducta; abstenerse de cometer nuevo delito; abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes; no acercarse ni entablar contacto con la denunciante, por ningún medio; someterse a tratamiento psicológico en el marco del Programa de intervención con hombres que ejercieron violencia de género, previa admisibilidad en el mismo.

Además, deberá llevar a cabo tareas comunitarias en el geriátrico del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes. Tendrá la obligación de concurrir ocho horas mensuales durante el término de un año.

Finalmente, la jueza le ordenó al acusado reparar el daño causado a la víctima mediante el pago del monto ofrecido, en veinticuatro cuotas mensuales consecutivas, a partir de octubre del corriente.