El juez Eduardo Raúl Sángari, del distrito centro, negó el pedido de revisión de prisión preventiva formulado por la defensa técnica de una mujer imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Consideró que los peligros procesales están acreditados y rechazó la solicitud de prisión domiciliaria.

La defensa fundamentó su pedido asegurando que la acusada tenía a su cargo a su nieto, un menor de edad con discapacidad.

El fiscal se opuso a la morigeración de la medida cautelar y remarcó que la mujer tiene una condena previa de prisión condicional, de septiembre de 2025, también por delito de venta de drogas, en calidad de partícipe secundaria. Consideró que el riesgo procesal de fuga es real en base a la expectativa de la pena que podría dictarse en la presente causa, de cumplimiento efectivo. También mencionó el peligro de entorpecimiento en cuanto a los testigos que aún faltan declarar. Sostuvo que la continuidad de la prisión preventiva es el único medio para garantizar que el proceso llegue a la instancia del juicio oral o a una salida alternativa.

En la audiencia también intervino una representante del Ministerio Público Pupilar. Se refirió a un informe social negativo en relación a la acusada. Dijo que la acusada aduce ser la abuela paterna del niño pero no existen documentos que acrediten la filiación y tampoco acciones de guarda iniciadas por ella.

Señaló que en 2024 la imputada asumió un acta compromiso para ejercer los cuidados del menor, pero no promovió ninguna acción legal y, un año después, resultó condenada como partícipe del delito de comercialización de estupefacientes. Por tanto, consideró que no resulta la persona idónea para quedarse al cuidado del niño.

El juez atendió a los requerimientos de la fiscalía y del Ministerio Público Pupilar y rechazó el pedido de prisión domiciliaria. Consideró que no están dados los requisitos para la concesión de la medida. Recordó que la acusación ya está formulada y que existen elementos de convicción para sostener la participación punible de la imputada en el hecho denunciado. Además, coincidió en que los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento son reales.

Por el Ministerio Público intervino el fiscal Leandro Flores. Guadalupe Salatín representó al Ministerio Público Pupilar.