El próximo martes 22, a las 14, en el Salón del Tribunal Electoral comenzará el debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la Defensora Oficial Civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz. Las audiencias que se extenderán hasta el viernes serán encabezadas por el presidente de la Corte de Justicia y titular del Jury, Guillermo Catalano.
La Defensora Oficial Civil 1 se encuentra suspendida provisoriamente en el ejercicio de sus funciones y desde el 28 de abril pasado, además, se le trabó embargo sobre el treinta por ciento de los haberes.
Son dos las acusaciones contra la Defensora Oficial Civil 1 Rosa Fabiola Díaz.
El Defensor Oficial de la Provincia, Pedro García Castiella, le atribuye las causales de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
Esto porque luego de suspendida en sus funciones, fue designado en su reemplazo el Defensor Multifuero de Embarcación, Luis Veliz, puso en conocimiento la existencia de carpetas sin que se hubiera iniciado trámite alguno. Tras un inventario se confirmó la existencia de 403 casos presuntamente sin tramitar y correspondientes a los años 2014 a 2020. Y del período 2017 a 2020 se observaron 262 casos en condiciones de iniciarse oportunamente, pero sin haberlo hecho.
Entre las causas sin iniciar se encuentran acciones de cuidado personal, peticiones de guarda judicial, tutela, restricción de la capacidad, medidas de protección, pedidos de alimentos o su ejecución de ya regulados, interdictos de recobrar posesión, promociones de divorcio unilateral y bilateral, peticiones de inscripción de nacimiento, defunción, rectificación de partidas, juicios por cobro de pesos, informaciones sumarias, filiación, de régimen de comunicación, impugnaciones a la paternidad, juicios sucesorios, de intervenciones en expedientes de violencia familiar, juicios laborales, medidas autosatisfactivas, pedidos de desalojos, entre muchos otros que consigna la acusación del Defensor Oficial de la Provincia.
El Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo también acusa a la Defensora Oficial Civil del Distrito Judicial Tartagal Rosa Fabiola Díaz, en los términos de los artículos 160 y 165 de la Constitución de la Provincia de Salta y 11 de la Ley 7138, imputándole la comisión de delito común, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
Díaz fue denunciada junto a Paola Alejandra Díaz (concejala del municipio Tartagal) por su hermana, Sandra Liliana Díaz por tener acopiado en el inmueble de propiedad de su madre fallecida (Blanca Zulema Hurtado) en villa Saavedra de la ciudad de Tartagal, donaciones efectuadas por fundaciones y organizaciones intermedias; las que, además de no ser entregadas a sus destinatarios (miembros de la comunidades wichi), eran comercializadas en distintos lugares de esa ciudad.
“Díaz, Paola Alejandra; Díaz, Rosa Fabiola por administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos - denunciante Díaz, Sandra Liliana”, es la carátula de la causa que se tramita en el Juzgado de Garantías 1.
En su acusación el Procurador General de la Provincia concluyó que “que la conducta de la magistrada no fue la requerida por la Constitución Provincial (artículo 166), requisito ineludible para la conservación del cargo, al ejercer sus prerrogativas funcionales de manera irregular, incurriendo en conductas pasibles de reproche penal y que contradicen el marco normativo que rige la actuación de los defensores oficiales que integran el Ministerio Público de Salta”.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es encabezado por el presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano e integrado por el Juez de Corte Horacio José Aguilar; el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina; el Senador Jorge Pablo Soto, designado por la mayoría de la Cámara de Senadores; la Senadora María Silvina Abilés, designada por la primera minoría de la Cámara de Senadores; el Diputado Esteban Amat Lacroix, designado por la mayoría de la Cámara de Diputados; la Diputada Alejandra Beatriz Navarro, designada por la primera minoría de la Cámara de Diputados; Luis Guillermo López Mirau, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Senadores, y Pedro Mellado, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Diputados.
