Creada para garantizar el acceso a justicia y brindar una respuesta rápida, integral e interdisciplinaria ante situaciones de violencia. Concebida como un dispositivo especializado que superaba la lógica meramente administrativa de recepción de denuncias, incorporando una modalidad de intervención interdisciplinaria orientada a la evaluación inmediata del riesgo a partir del análisis de antecedentes, indicadores, tipos y modalidades de violencia que contribuyen a la toma de decisiones, entendiendo las particularidades del caso a caso.

Creación: 27 de mayo de 2010, Acordada Nº 10630 de la Corte de Justicia de Salta, como un programa piloto en el Distrito Judicial del Centro. En sus inicios, funcionó bajo la denominación de Oficina de Violencia Familiar (OVIF), en el marco de la Ley Provincial Nº 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar, con el objetivo de establecer mecanismos operativos específicos para la recepción de denuncias y la intervención judicial temprana.

Año 2012: Acordada Nº 11185 y Resolución de Presidencia Nº 274/12: se reorganizó su funcionamiento con el objetivo de mejorar la gestión de los casos. A partir de entonces, la recepción y distribución de las denuncias comenzó a realizarse en la misma sede de la Oficina, lo que permitió una mayor articulación entre las áreas y una atención más ágil.

Año 2014: Ley Provincial 7857 de Emergencia Social en Materia de Violencia impulsa la creación del Fuero Especializado con Juzgados, Defensorías y Fiscalías de Violencia F. y G.

Año 2015: Ley Provincial Nº 7888 de Protección contra la Violencia de Género en el año 2015, marcó un avance significativo en la ampliación del enfoque de intervención, incorporando la perspectiva de género y derechos humanos como eje central. Se crea el Área de Ingreso y Orientación. A partir de este momento, la Oficina adoptó su denominación actual -Oficina de Violencia Familiar y de Género- consolidando un modelo de intervención integral, interdisciplinario y especializado.

Año 2016: por iniciativa legislativa de la Corte de Justicia (Ley Prov. 7954) se crearon las OVFG en los distintos distritos judiciales de la provincia - Anta, Orán, Tartagal y Metán-.

Año 2017: Acordada N.° 12530 creó la Secretaría de Coordinación General de las Oficinas de Violencia Familiar y de Género, para coordinar las OVFG de todos los distritos judiciales de la provincia de Salta.

Año 2018: Acordada Nº 12704, que aprobó el Protocolo de Organización y Actuación para casos de violencia familiar y de género, hito fundamental en la historia institucional de la Oficina, estableciendo:

• La derogación de toda normativa anterior incompatible con el nuevo esquema.
• La dependencia funcional y jerárquica de la OVFG, con la Supervisión de la Corte de Justicia.
• La centralización del ingreso de denuncias del Distrito Judicial del Centro en la OVFG, independientemente del organismo de procedencia (comisarías, centros de salud, Ministerio Público, instituciones educativas, entre otros).

Año 2023: Sistema de denuncia única-buenas prácticas: orientado a centralizar, digitalizar y sincronizar el circuito de ingresó de denuncias, bajo los siguientes lineamientos:

1. Toma de denuncia por personal policial capacitado, conforme a un protocolo estandarizado.
2. Envío digital simultáneo a la Oficina de Violencia Familiar y de Género y al Ministerio Público Fiscal.
3. Sorteo y asignación inmediata del expediente al juzgado de violencia familiar y de género correspondiente, a cargo de la OVFG.
4. Dictado de medidas de protección en forma urgente por parte del juzgado.
5. Determinación del carácter penal del hecho y eventual remisión al fuero de garantías con conocimiento previo del Ministerio Público.

Año 2024: Acordada N.° 14262 de la Corte de Justicia introduce modificaciones a la Acordada N.° 12704/18, reconfigurando aspectos centrales del funcionamiento de la OVFG.

La garantía del acceso efectivo a la justicia por parte de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género constituye una obligación jurídica para los Estados, derivada tanto del derecho internacional de los derechos humanos como del plexo normativo nacional y provincial. En este marco, la administración de justicia no puede circunscribirse a la actividad jurisdiccional en sentido estricto, sino que debe contemplar también el diseño, de dispositivos institucionales que aseguren intervenciones eficaces, articuladas y respetuosas de los derechos de las personas denunciantes.

Esta experiencia, impulsada desde la Corte de Justicia del Poder Judicial de Salta, en articulación con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad, tiene por objeto mejorar la recepción, procesamiento y derivación de denuncias por violencia familiar y de género, garantizando la inmediatez de la intervención judicial, la coordinación interinstitucional y la protección integral de las personas afectadas.

El nuevo sistema elimina la discrecionalidad del ingreso de denuncias según el criterio de personal policial, garantiza la intervención coordinada e inmediata del Ministerio Público y de la OVFG, y permite que todas las denuncias sean sorteadas conforme a criterios judiciales preestablecidos, con intervención obligatoria dé los juzgados de violencia familiar y de género.

Enfoque de derechos y perspectiva de género

El Sistema de Denuncia Única constituye una práctica judicial que integra transversalmente la perspectiva de género, en tanto reconoce y busca desarticular los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.

A través de esta práctica se promueve.

• La no revictimización, al evitar la reiteración del relato en múltiples sedes.
• La celeridad procesal, mediante la reducción de los tiempos entre la denuncia y la intervención judicial. • La coordinación efectiva entre actores institucionales, eliminando zonas grises y superposiciones.
• La diligencia debida, como estándar mínimo de actuación estatal ante situaciones de violencia.

Así, la buena práctica no solo se orienta a mejorar la eficiencia administrativa, sino que se alinea con los estándares internacionales de garantía de derechos y produce un impacto concreto en la calidad del servicio de justicia. Frente a esta situación, en noviembre de 2023 se inició la implementación de un nuevo sistema, orientado a centralizar, digitalizar y sincronizar el circuito de ingreso de denuncias, bajo los siguientes lineamientos:

1. Toma de denuncia por personal policial capacitado, conforme a un protocolo estandarizado.
2. Envío digital simultáneo a la Oficina de Violencia Familiar y de Género y al Ministerio Público Fiscal.
3. Sorteo y asignación inmediata del expediente al juzgado de violencia familiar y de género correspondiente, a cargo de la OVFG.
4. Dictado de medidas de protección en forma urgente por parte del juzgado.
5. Determinación del carácter penal del hecho y eventual remisión al fuero de garantías con conocimiento previo del Ministerio Público.

El sistema se apoya en un desarrollo informático específico, que complementa la infraestructura tecnológica existente y busca garantizar la trazabilidad, integridad y disponibilidad de la información relevante.

La implementación del Sistema de Denuncia Única constituye un avance concreto en el compromiso del Poder Judicial de Salta con una justicia más accesible, articulada y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres. Lejos de tratarse de una innovación tecnológica aislada, esta práctica expresa una transformación organizacional con enfoque de género, que se propone modificar la forma en que el sistema judicial se aproxima a los casos de violencia.

En contextos donde las respuestas fragmentadas han demostrado su insuficiencia, esta experiencia representa un camino hacia un modelo de intervención que coloca en el centro a las personas en situación de violencia, y que interpela a los poderes judiciales provinciales a repensar sus prácticas desde una ética pública comprometida con la igualdad y la justicia.