Durante una audiencia de cesura de pena y al ejercer su derecho a ser escuchado un menor pidió expresamente no acceder al beneficio de domiciliaria pese a los estudios de factibilidad favorable previos.

La audiencia fue encabezada por la Jueza en lo Penal Juvenil 1 Tatiana Dip Torres y en su transcurso la fiscalía y la defensoría especializadas manifestaron su acuerdo con la domiciliaria.

El menor había sido declarado penalmente responsable por los delitos de homicidio simple en grado de tentativa y lesiones graves. 

Incluso se realizaron previamente estudios de factibilidad en el domicilio de un familiar para que allí se concrete la domiciliaria.

Pero al ejercer su derecho a ser escuchado el menor se opuso a la domiciliaria y citó un argumento contundente. En aquel domicilio en aquel barrio no podría seguir estudiando, además de los otros riesgos que percibe ahora.

Además citó que en su alojamiento actual puede asistir a la terapia psicológica que le permitió contar con herramientas. Incluso ya hizo los cursos y se recibió de mozo lo que le abrirá la posibilidad de un camino laboral para el que comenzó a prepararse con la formación en bar tender.

Señaló además su decisión de seguir estudiando en su lugar de alojamiento actual en la IEA 1 para poder contar con mejores herramientas para cuando obtenga su libertad.

El menor lleva ya dos años de detención. La jueza dispuso diferir por el término de un año la determinación de la consecuencia jurídica y la eventual imposición de pena para la audiencia de cesura prevista en los artículos 22 y 26 de la Ley 8097 y el artículo 338 de Código Procesal Penal Ley 8520. 

Durante ese plazo el menor continuará alojado en el Instituto Especializado de Alojamiento Nº 1, debiendo el Equipo Técnico elaborar un plan de egreso pautado “en el tiempo más breve posible”.