El juicio seguido contra veinte personas imputadas como presuntos miembros de una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1 está en sus tramos finales. Hoy comparecieron tres testigos citados por la fiscalía y declaró uno de los funcionarios acusados en la causa.

El tribunal adelantó que el cronograma proseguirá mañana con la comparecencia de seis testigos y de un imputado. El viernes declarará otro grupo de acusados. A partir del lunes 8 comenzarán los alegatos de las partes. Para esa jornada se estima que, por la complejidad de la causa, la exposición de la Unidad Fiscal podría extenderse hasta la tarde.

Los tres testigos de la fiscalía que comparecieron hoy refirieron haber realizado transferencias a pedido de conocidos suyos detenidos en la unidad carcelaria.

El primero adujo que su primo le solicitaba dinero para comprar comida porque no consumía la que le servían en el penal. También admitió haber recibido transferencias de su pariente y de otros internos para que les comprara y les llevara materiales (tarimas, pinceles, cola, etc.) para hacer manualidades.

La segunda testigo señaló que en 2023 su hijo estaba alojado en la cárcel de Villa las Rosas. Dijo que la llamaba por el teléfono del penal o desde distintos celulares para solicitarle dinero. Le decía que era para comprar madera y le daba diferentes alias o CBU para las transferencias. Manifestó que su hijo tenía problemas de adicciones y que no sabe si siguió consumiendo dentro del establecimiento.

La tercera compareciente sostuvo que solía ir a la cárcel a visitar a un interno. Concurría los domingos y a veces los jueves. Contó que le llevaba comida y él no le pedía efectivo. No obstante, luego se comunicaba con ella para solicitarle que le enviara dinero a diferentes alias. Le decía que era para comprar alimentos; ella no indagaba demasiado.  

Finalmente declaró uno de los efectivos del Servicio Penitenciario imputado en la causa. Sostuvo su inocencia y aseguró no haber recibido transferencias de ningún interno o de sus familiares. También negó tener una relación cercana con sus compañeros coimputados.

Seguidamente describió pormenorizadamente en qué consistía su función como secretario de actas, cargo que desempeñó entre 2021 y 2022. Dijo que su oficina era uno de los últimos eslabones en el tratamiento de los beneficios para los internos y que el trámite pasaba por varios filtros antes de llegar al Consejo Correccional. Explicó que él solo tomaba nota de lo ocurrido en las sesiones de este órgano colegiado y que el director de la Unidad Carcelaria era quien tenía la última palabra a la hora de reconsiderar conductas y conceptos.

El imputado fue consultado acerca del faltante de actas de sesiones del Consejo durante 2022 (dato revelado por peritos durante el juicio). Y por qué razón se habían otorgado beneficios a los internos no obstante la inexistencia de esas actas. Sostuvo que esos instrumentos se redactaban en noviembre o diciembre en base a los datos que quedaban cargados en una computadora. Dijo que con ese sistema se manejaban internamente ya que las actas generales solo servían de constancia para la oficina. Aseguró que las actas individuales de los internos que solicitaban beneficios – y que son las que se remitían a los juzgados- sí se habían elaborado regularmente.

El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.

Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.