El día 12 de noviembre del corriente año se dio inicio en la Escuela de la Magistratura al Taller de Formación en Procesos de Restricción de Capacidad – Declaración de Incapacidad, a cargo de la Curadora Oficial María José Miranda y dirigido a los operadores intervinientes en los citados procesos.

El proyecto se gestó a partir de la observación de la tarea que diariamente se cumple en el Poder Judicial, concretamente en el Fuero de Familia, en las distintas dependencias del Ministerio Público y  en el ámbito laboral de cada profesional involucrado en las causas en las que tramita un proceso de Restricción de Capacidad.

La Corte de Justicia está comprometida en dotar de mayor eficiencia al servicio del que es destinataria la sociedad; en esta tarea se pudo detectar una serie de pequeños y grandes inconvenientes que impactan en el tiempo y modo de tramitación y resolución de los expedientes judiciales y, en definitiva, en el derecho de las personas en ellos involucradas. Con expresa relación a las causas de Restricción de Capacidad se viene trabajando puntualmente teniendo en cuenta que se encuentran en juego los derechos de personas más seriamente vulnerables.

El establecimiento del hoy conocido como Equipo Interdisciplinario, a través del cual se ha logrado mitigar los inconvenientes tanto personales como procesales en la elaboración de los informes tendientes a brindar a los Magistrados los elementos necesarios para emitir sus decisiones, ha resultado ser una herramienta apta para dicho fin, y se sigue trabajando en profundizar y mejorar su mecanismo de trabajo, contando para ello con las sugerencias y análisis de los distintos sujetos  intervinientes el proceso.

Se suma ahora otro pequeño esfuerzo, que es el de posibilitar a quienes deben ser objeto de atención en el marco de tales causas una adecuada defensa, en función de las condiciones reales de sus distintas situaciones y contextos, a través de la actuación de profesionales con la idoneidad, motivación personal, compromiso y capacitación técnica necesarios, considerando que se trata de una actividad de especial relevancia porque integra –en el conjunto de instrumentos que concretamente protegen y posibilitan el ejercicio de derechos humanos- un sistema de acceso a la Tutela Judicial Efectiva, que muchas veces no necesita del dictado de una norma más sino de acciones concretas y efectivas.

A través del acuerdo suscripto con el Colegio de Abogados y en consonancia con la diaria tarea de quienes tienen a su cargo los Juzgados del Fuero de Personas y Familia, se concreta el propósito de fortalecer las posibilidades de protección del colectivo formado por quienes sufren o deben sufrir por distintos motivos una restricción en sus capacidades y que, por eso mismo, merecen especial atención.