Siete empleados de una estación de servicio imputados por el delito de estafa accedieron a una suspensión de juicio a prueba por el término de un año. Deberán cumplir reglas de conducta y reparar el daño causado. Fueron denunciados por el titular de una empresa de áridos que tenía cuenta corriente con la estación de Refinor donde trabajaban como playeros. El empresario detectó irregularidades en el consumo de combustible de sus camiones y comunicó la situación a los dueños de la gasolinera.

Así se descubrió la operación fraudulenta que venían realizando los siete trabajadores en complicidad con el chofer de uno de los camiones de la empresa de áridos. La maniobra consistía en registrar en el comprobante de venta mayor cantidad de  combustible del realmente despachado. Posteriormente, la diferencia era cubierta por ventas en efectivo a consumidores que no solicitaban factura. Así, por ejemplo, se facturaban sesenta litros de combustible pero al camión solo le cargaban treinta. Los playeros se quedaban con el valor de quince  litros y el chofer, con el valor de los otros quince.

Los siete empleados llegaron a la audiencia imputados por el delito de estafas. En el marco de una audiencia flexible y multipropósito del Plan de Oralidad se solicitó al juez José Luis Riera un pedido de Suspensión de Juicio a Prueba, que se realizó con la conformidad del denunciante.

El juez le les fijó reglas de conducta que deberán cumplir durante un año: fijar residencia y comunicar cualquier cambio al tribunal; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; prohibición de cometer nuevo delito.

Además, como reparación del daño causado por el delito, cada uno de ellos deberá pagarle al damnificado un millón de pesos y donar bolsones de pañales al Hospital Materno Infantil, durante seis meses.