La Sala II de la Corte de Justicia hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad y revocó una resolución ordenando que la causa baje a la Sala III del Tribunal de Impugnación para que emita un nuevo pronunciamiento.

Se trata de una causa originada en el decomiso de mercadería que fuera hecho por la Dirección General de Rentas y que posteriormente fue revocado por el Juzgado de Garantías de Octava Nominación. La causa llegó por vía del recurso de casación al Tribunal de Impugnación que declaró su inadmisibilidad por carecer de legitimación para recurrir.

Recordaron los jueces de la Sala II de la Corte de Justicia que al Alto Tribunal “en su calidad de intérprete final en el ámbito provincial de las constituciones de la Nación y de la Provincia, le compete conocer y decidir por vía recursiva, únicamente, de las decisiones de última instancia de los tribunales inferiores”.

La sanción de decomiso prevista por el artículo 57 del Código Fiscal –recordaron-, como todas las sanciones tributarias, importa una medida de carácter estrictamente penal.

“Ante el innegable carácter represivo que revisten tales sanciones, le son aplicables los principios constitucionales y procesales que rigen dicha materia”, precisaron.

“Lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, está destinado a examinar el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, razón esta que impone que su admisión no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para implicar, o una lesión a un principio constitucional, o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad”, señalaron.