Durante la audiencia flexible y multipropósito, se acordó un juicio abreviado, donde el acusado reconoció los hechos y aceptó la pena solicitada por la fiscalía.

La jueza de Garantías interviniente condenó a un joven de 21 años a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado culpable de los delitos de hurto, amenazas con arma, coacción y desobediencia judicial. La sentencia incluye además una serie de estrictas medidas que buscan garantizar la protección de la víctima y la reintegración social del condenado.

El caso tiene origen en una denuncia registrada el 8 de julio de 2024 en la Comisaría Primera. En esa fecha, dos personas se presentaron en la dependencia policial, una de ellas en estado de crisis emocional, relatando que su expareja la había estado hostigando, impidiéndole retirarse, insultándola y amenazándola. Según la denunciante, el agresor contaba con una orden de restricción de acercamiento.

De manera preventiva, el personal policial procedió a la demora del sospechoso, mientras se invitaba a la víctima a formalizar la denuncia. Ya en la oficina del oficial de servicio, la mujer explicó que había tenido una relación con el acusado, de la cual nació una hija en común, y que la pareja se había separado en mayo de 2022. Agregó que había denunciado al hombre por violencia en al menos otras ocasiones, lo que resultó en medidas restrictivas.

En esta ocasión, los hechos se desencadenaron cuando la víctima fue a realizar unos pagos, y el acusado comenzó a discutir con ella, mostrando celos. Ante la posibilidad de que ella lo denunciara nuevamente, el hombre la amenazó de muerte. A pesar de su temor, la mujer expresó que no deseaba presentar una nueva denuncia, preocupada por las consecuencias. Finalmente, solicitó que se le comunicara al acusado que no lo estaba denunciando, retirándose del lugar.

El 23 de enero pasado, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género interviniente había emitido una resolución en la que se ordenaba al imputado abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia contra la víctima y mantenerse a una distancia de 300 metros de su domicilio y lugares de trabajo, entre otras restricciones. El imputado había sido debidamente notificado de estas medidas dos días después de su emisión.

El hombre, que no registra antecedentes penales, admitió los hechos y aceptó la pena acordada entre la fiscalía y su defensa. Entre los delitos por los que fue condenado se encuentran varios hechos de desobediencia judicial y amenazas contra su ex pareja, quien había denunciado al acusado en reiteradas ocasiones. Estos actos de violencia incluyeron amenazas con un arma y coacción, lo que generó temor en la víctima.

Además de la pena de prisión condicional, el joven deberá cumplir con diversas reglas de conducta durante los próximos dos años. Entre ellas, la prohibición de acercarse a la víctima en un radio de 400 metros y la participación en un programa de intervención para agresores de violencia de género. También se le impuso la obligación de retomar sus estudios secundarios, con la exigencia de presentar constancias de su progreso académico.

Un elemento destacado de la condena es el monitoreo electrónico al que será sometido, a través del Sistema Único de Monitoreo de Agresores (S.U.M.A.), para asegurar el cumplimiento de las restricciones impuestas. Mientras se gestiona la implementación de este dispositivo, se dispuso una consigna policial ambulatoria en su domicilio.

Se ordenó también la inscripción del condenado en el Banco de Datos Genéticos, una medida preventiva aplicada en casos de delitos que atentan contra la integridad física y sexual de las personas.