Violencia familiar reiterada y desobediencia judicial llevaron a un hombre de 31 años a una condena.

La investigación se centró en las acciones del hombre que fue denunciado por su expareja. Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando se registró la primera denuncia al presentarse en el domicilio de la víctima en aparente estado de ebriedad, profiriendo insultos hacia ella y sus hijos, para darse a la fuga a la llegada de la policía. Minutos después, regresó al lugar, intentando ingresar nuevamente. En este momento ya existían medidas cautelares vigentes que le habían sido notificadas.

La situación continuó en enero pasado, al ingresar en el domicilio de la denunciante y amenazarla con un cuchillo, reclamándole sobre la presencia del padre de ella en la vivienda. Días después, se presentó en la casa de un vecino donde la mujer se había refugiado, exigiendo hablar con ella.

En otra oportunidad, se acercó a la mujer mientras se encontraba en una sala de salud y luego la interceptó nuevamente en su domicilio, impidiéndole pedir ayuda y sustrayéndole su teléfono celular. Incluso con consigna policial en el domicilio de la víctima, el acusado continuó ingresando sin autorización en reiteradas oportunidades.

La persistencia del acusado en quebrantar las medidas de protección se evidenció en incidentes posteriores. En una ocasión, la denunciante encontró al hombre dentro de su domicilio al regresar a buscar ropa para sus hijos. Luego, fue advertida por una vecina de que el acusado la seguía en bicicleta, activando el botón antipánico al verlo acercarse.

El último incidente registrado ocurrió en marzo de 2025, cuando la víctima comenzó a recibir llamadas del acusado y luego sintió que le tocaban la ventana, activando nuevamente el botón antipánico. La policía se hizo presente y demoró al acusado en la puerta del domicilio.

Tras la acumulación de estas denuncias, el hombre fue detenido, lo que llevó a la realización de una audiencia flexible y multipropósito, en la que se formalizó un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa del acusado. El hombre reconoció su participación en los hechos y aceptó la pena acordada.

En la sentencia dictada por el juez de Garantías interviniente, se declaró procedente el acuerdo de juicio abreviado y se condenó al acusado por los delitos de coacción, amenazas con armas en concurso ideal con desobediencia judicial, violación de domicilio reiterado (cuatro hechos) en concurso ideal con desobediencia judicial, y desobediencia judicial reiterada (trece hechos), todo en concurso real, por lo que cumplirá la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional.

Debido a la modalidad de la pena, se ordenó la inmediata libertad del condenado, aunque supeditada al cumplimiento de estrictas reglas de conducta por el término de tres años. Entre estas reglas, se destacaron la prohibición total de comunicarse con la denunciante por cualquier medio o a través de terceras personas, así como de ejercer actos de violencia verbal, física y psíquica contra la víctima, y la prohibición de acercarse a su domicilio y lugares de reincidencia en un radio de 200 metros.

Se dispuso también que se someta a tratamiento psicológico para el control de su agresividad, previo informe profesional, y continuar tratamiento para superar sus adicciones, además de iniciar tratamiento psiquiátrico, conforme lo indicado por el Servicio Médico del Poder Judicial.

El incumplimiento de estas reglas podría derivar en la revocación de la condicionalidad de la pena, que pasaría a ser de cumplimiento efectivo. Durante la audiencia la mujer manifestó que, si bien contaba con un botón antipánico, la señal a veces fallaba y que, en ocasiones anteriores, la consigna policial no se había cumplido. Por este motivo, solicitó que se impusiera una consigna policial fija en su domicilio, lo cual fue ordenado por el juez en la sentencia.