En ejercicio de su función de supervisión, la Corte de Justicia ratificó su compromiso con el fortalecimiento institucional del sistema carcelario a través de un modelo de gestión basado en la eficiencia y la transparencia. Este esquema –originado en un convenio firmado en diciembre de 2024 junto a los ministerios de Seguridad y Justicia, y de Economía y Servicios Públicos– permite que el remate de bienes estatales en desuso, realizado a través de la plataforma de subastas electrónicas del Poder Judicial, se traduzca en mejoras concretas y equipamiento tecnológico para las fuerzas de seguridad.

La eficacia de esta alianza ya cuenta con resultados probados: los fondos generados previamente permitieron concretar la entrega de recursos tecnológicos a la fuerza policial en octubre del año pasado. 

En esta nueva etapa, el foco se centró en optimizar el funcionamiento de las unidades carcelarias. La presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, junto a la vicepresidenta segunda, Adriana Rodríguez Faraldo, y la jueza de Corte María Alejandra Gauffin, encabezaron la entrega de 61 computadoras completas e impresoras de última generación, 63 sistemas de energía ininterrumpida (UPS) e infraestructura de red completa para fortalecer la conectividad.

Este modelo no solo garantiza la transparencia en el origen y aplicación de los fondos, sino que permite una interconexión directa entre los tribunales y las unidades carcelarias a través del sistema informático desarrollado por el Poder Judicial. Al optimizar el flujo de información y los procesos administrativos, la Corte agiliza su labor de supervisión y promueve un servicio penitenciario más moderno y eficiente.

Del encuentro participaron también el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico Graciano, y el director general del Servicio Penitenciario, Enrique Daniel Torres, quienes destacaron la continuidad de este exitoso esquema de recuperación y aplicación de recursos estatales.