La Corte de Justicia confirmó la constitucionalidad de la Ley de Participación Democrática
El Tribunal resolvió que el régimen electoral establecido por la Ley 8535 fue dictado por la Legislatura en ejercicio de atribuciones propias y que es compatible con la Constitución Provincial y la Constitución Nacional.
La Corte destacó que las provincias se encuentran facultadas para establecer su propio régimen electoral, conforme a los artículos 5°, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. Señaló que el artículo 56 de la Constitución Provincial defiere a la ley la determinación del régimen electoral y que el artículo 127, inciso 16, confiere a la Legislatura amplias facultades para reglamentarlo de acuerdo con las circunstancias políticas y sociales.
El Tribunal precisó que la adopción de un determinado sistema electoral constituye una decisión de mérito, oportunidad y conveniencia que corresponde a los poderes políticos del Estado.
Señaló también que el sistema de asignación de cargos previsto por la norma, respeta el sistema de elección directa establecido por la Constitución Provincial, ya que la designación de los candidatos surge de la manifestación inmediata del cuerpo electoral, sin intermediación de ningún órgano.
Asimismo, sostuvo que el requisito del artículo 2° de la ley, en cuanto exige presentar candidaturas en al menos quince departamentos para postular candidatos a gobernador y vicegobernador, es razonable. Precisó que se trata de una condición de organización y participación territorial de las fuerzas políticas, que guarda correspondencia con la naturaleza de las funciones del gobernador, quien representa a la Provincia en la totalidad de su territorio, y que los requisitos personales para acceder al cargo continúan siendo los que fija la Constitución Provincial.
De la misma forma, consideró razonable la exigencia de que los frentes electorales estén constituidos por al menos dos partidos políticos, por resultar coherente con el propósito de la ley de asegurar la mayor representatividad de las fuerzas que compiten. Destacó que la ley respeta el principio de igualdad, ya que dispensa idéntico tratamiento a quienes se encuentran en igualdad de circunstancias y, en cambio, distingue entre partidos políticos y alianzas electorales, que se encuentran en situaciones diferentes.
Las acciones habían sido interpuestas por Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón (Expte. CJS 978.543/26); Claudio Ariel Del Plá (Expte. CJS 978.978/26); y Alejandro Patrón Costas (Expte. CJS 978.881/26).
La Corte destacó que las provincias se encuentran facultadas para establecer su propio régimen electoral, conforme a los artículos 5°, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. Señaló que el artículo 56 de la Constitución Provincial defiere a la ley la determinación del régimen electoral y que el artículo 127, inciso 16, confiere a la Legislatura amplias facultades para reglamentarlo de acuerdo con las circunstancias políticas y sociales.
El Tribunal precisó que la adopción de un determinado sistema electoral constituye una decisión de mérito, oportunidad y conveniencia que corresponde a los poderes políticos del Estado.
Señaló también que el sistema de asignación de cargos previsto por la norma, respeta el sistema de elección directa establecido por la Constitución Provincial, ya que la designación de los candidatos surge de la manifestación inmediata del cuerpo electoral, sin intermediación de ningún órgano.
Asimismo, sostuvo que el requisito del artículo 2° de la ley, en cuanto exige presentar candidaturas en al menos quince departamentos para postular candidatos a gobernador y vicegobernador, es razonable. Precisó que se trata de una condición de organización y participación territorial de las fuerzas políticas, que guarda correspondencia con la naturaleza de las funciones del gobernador, quien representa a la Provincia en la totalidad de su territorio, y que los requisitos personales para acceder al cargo continúan siendo los que fija la Constitución Provincial.
De la misma forma, consideró razonable la exigencia de que los frentes electorales estén constituidos por al menos dos partidos políticos, por resultar coherente con el propósito de la ley de asegurar la mayor representatividad de las fuerzas que compiten. Destacó que la ley respeta el principio de igualdad, ya que dispensa idéntico tratamiento a quienes se encuentran en igualdad de circunstancias y, en cambio, distingue entre partidos políticos y alianzas electorales, que se encuentran en situaciones diferentes.
Las acciones habían sido interpuestas por Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón (Expte. CJS 978.543/26); Claudio Ariel Del Plá (Expte. CJS 978.978/26); y Alejandro Patrón Costas (Expte. CJS 978.881/26).
/Poder Judicial de Salta