El juicio seguido contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza; el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza se reanudó hoy con la declaración de los dos contadores que tuvieron a su cargo la auditoría externa solicitada por el denunciante, el actual intendente de la comuna, Manuel Saravia.

El informe de los contadores comprendió los ejercicios presupuestarios del municipio de San Lorenzo durante los períodos 2018 y 2019. Al comienzo de su exposición, señalaron que su tarea se vio limitada por la escasa documentación respaldatoria que encontraron en la sede comunal.

La auditoría detectó el incumplimiento de la ley en relación a los procedimientos de contrataciones. Los testigos indicaron que existía una clara discrecionalidad en esos procesos. Señalaron que no se cumplían los requisitos de la Ley 8072 sobre Procedimientos de contrataciones que garantiza la transparencia de los gastos públicos (licitación pública, publicidad oficial, competencia de oferentes, etc).

Se refirieron a la adquisición de bienes como una camioneta Chevrolet, televisores, estufas y tablets que se obtuvieron sin cumplir la normativa vigente, mediante un sistema paralelo e informal de vales. Con este recurso se acusaba la salida de fondos sin documentación que respaldara el destino del dinero.

Mencionaron que la camioneta que se adquirió mediante un vale no había sido dada de alta en el patrimonio municipal y no se encontraba en el parque automotor. Mediante vales también se había adquirido un equipo de GNC y se habían abonado reparaciones, repuestos y cargas de combustible para ese rodado. Además, se comprobó la emisión de vales para la compra de neumáticos de vehículos que no pertenecían a la Municipalidad.

Los contadores precisaron que durante la auditoría no pudieron acceder a reportes bancarios. Remarcaron la inexistencia de una trazabilidad documental de los recursos que entraban y salían del municipio, necesaria para la rendición de cuentas que debe hacer todo funcionario.

Indicaron que paralelo al sistema informal de vales se emitían órdenes de pago (sistema formal), pero sin facturas o comprobantes para respaldar los gastos.

En relación a los planes sociales, señalaron que las autoridades del municipio recibían fondos nacionales destinados a programas específicos, pero no se hacía rendición de ese dinero. No existían facturas que respaldasen el destino de los recursos. La Sindicatura General de la Provincia ya había puesto el foco en estas irregularidades.


En definitiva, los profesionales remarcaron que en el período auditado, el municipio de San Lorenzo no contaba con un  circuito formal de rendición de fondos.

Los hermanos Gonza y el exsecretario de Hacienda, Guaymás, se encuentran imputados por delitos en perjuicio de la administración pública comunal.

El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello.

Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria. En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez (apoderada de la comuna). La defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera y, la de  los hermanos Gonza, en manos de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.