El vicepresidente segundo de la Corte de Justicia de Salta Fabián Vittar participó del acto de firma de un convenio entre la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia de la Nación.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Martín Soria firmó el convenio con la presidenta de Jufejus María del Carmen Battaini. El convenio busca establecer acciones conjuntas y coordinadas con el objetivo de brindar un mejor servicio de justicia en todo el país.

Del acto participaron los miembros de la comisión directiva de Jufejus y el presidente de la Comisión de Acceso a Justicia y Medios Alternativos de Resolución de Conflictos Fernando Augusto Niz.

Además del convenio se firmaron cuatro actas complementarias que especifican el alcance y los detalles de las tareas conjuntas en las que se comenzará a trabajar.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se comprometió a brindar asistencia a Jufejus para la implementación de la plataforma digital denominada “Bus Justicia”.

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma de intercambio digital especial para los Poderes Judiciales de las provincias integrantes con el resto de los Poderes Judiciales de índole provincial o federal, con el fin de lograr la interoperabilidad digital de expedientes, documentos y servicios electrónicos.

Esta plataforma permitirá establecer un canal digital para el intercambio seguro, trazable y auditable de documental en formato digital entre los organismos participantes.

El acta complementaria 2 hace hincapié en la necesidad de trabajar conjuntamente Ministerio y Jufejus para garantizar el acceso a justicia de las personas con discapacidad.

En este marco, se comprometieron a: Desarrollar actividades y proyectos conjuntos tendientes a promover y articular acciones que fortalezcan los derechos de las personas con discapacidad, contribuyendo a garantizar el acceso a la justicia.

Otro de los compromisos asumidos se basa en realizar capacitaciones coordinadas sobre el marco normativo que conforman la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Micaela, dirigida a los integrantes de los Poderes Judiciales Provinciales.

Y también buscan la incorporación como eje obligatorio de evaluación en las carreras judiciales vinculadas con la normativa argentina sobre la temática de salud mental y los estándares internacionales en la materia, así como normativa específica sobre salud mental y género.

Por último, las partes se comprometieron a intercambiar información jurídica, para ello realizarán capacitaciones y brindarán asesoramiento en el tratamiento documental de la jurisprudencia, vocabularios controlados y tesauros.