Una mujer de 35 años fue denunciada en Orán por una abogada que había ingresado a prestar servicio en el Ministerio Público, y que por ello tenía inhabilitada la matrícula profesional desde diciembre de 2020. 

La denunciante contó que el 10 de septiembre pasado, una mujer se hizo presente en su lugar de trabajo, ya que desde el Colegio de Abogados le dijeron que ese era su nuevo domicilio de trabajo, según figuraba en su matrícula, pero al ver a la abogada, la mujer dijo que no era esa persona la profesional que había contratado por la suma de 15 mil pesos.

La abogada contó en su denuncia que en las redes sociales existían publicaciones de una persona de nombre similar que ofrecía sus servicios como profesional utilizando su matrícula.

En la audiencia de juicio abreviado, la mujer reconoció haber cometido los hechos por los que había sido investigada, la mujer fue condenada a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional como autora de los delitos de estafa y usurpación de título en concurso real. 

Durante dos años tiene prohibido acercarse a las víctimas, a sus domicilios y a los lugares que frecuenten. Tampoco podrá ejercer cualquier tipo de acto que implique violencia física o psicológica hacia ellas o sus familias. No podrá salir de la Provincia de Salta sin previa autorización del  juez actuante. Tendrá la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio. Finalmente tendrá prohibido comunicarse o mantener cualquier tipo de contacto por cualquier medio con las víctimas o su familia.

En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena impuesta.  

La víctima que había denunciado la usurpación de su título aceptó la reparación del daño causado que ofreció la acusada en el acuerdo, por lo que recibirá la suma de cincuenta mil pesos. En tanto, la víctima de la estafa manifestó que el daño causado superó lo ofrecido, por lo que manifestó que presentará una acción civil en la sede correspondiente.

En el fallo, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó dejar sin efecto el arresto domiciliario que cumplía la mujer y comunicó a la UADME que deberá retirar el sistema de monitoreo electrónico instalado en su vivienda. 

Ordenó también que la condenada se disculpe públicamente, a través de un aviso en un diario de mayor tirada, haciendo pública sus disculpas a la abogada denunciante. Lo mismo deberá hacer respecto del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, desvinculándolo de todo acto que pudiera haber llevado a cabo ostentando la calidad de abogada. Las publicaciones serán a costo y cargo de la condenada.

Finalmente, ordenó que los tres libros que habían sido secuestrados en la causa sean donados a la Biblioteca Popular “Juan Carlos Dávalos”, mientras que la notebook será donada al Colegio Secundario Rural Mediado por TICs 5212.