La dueña de un pequeño corralón fue estafada, y el perjuicio económico que le generaron fue superior a los cincuenta millones de pesos. 

Todo comenzó cuando el whatsapp de la empresa recibió algunos mensajes de los supuestos apoderados de dos importantes constructoras. Le hacían pedidos de material por grandes montos, los que incluyeron cemento, hierros, perfiles y herramientas. Pero claro, tenían que acreditar quienes eran los que realizaban el pedido, así que, para darle mayor credibilidad a la operación, los estafadores le presentaron documentación (que luego se comprobó como apócrifa) y entregaron un total de nueve cheques como forma de pago.

La mujer, confiada en los papeles presentados, y ante la aparente legitimidad de estos compradores que iban a generar grandes ganancias a un pequeño corralón como el suyo, decidió despachar la mercadería en tres operaciones por montos millonarios. Llegaron camiones que eran conducidos por transportistas que los mismos compradores habían contratado. Los productos fueron retirados, pero en lugar de ser llevados a las obras a las que estaban destinadas o a algún depósito de las empresas, fueron descargados y abandonados en varios terrenos baldíos ubicados en la localidad de San Pedro de Jujuy. Esta táctica fue fundamental para dificultar el rastreo posterior de la mercadería. 

Pero llegó la hora de cobrar los cheques, y ahí quedó al descubierto el engaño. Cuando la mujer intentó cobrarlos todos fueron rechazados por falta de fondos, con lo que quedó confirmado que todo había sido una gran mentira, un montaje. 

Con su denuncia comenzó la investigación, y se demostró no solo la inexistencia de fondos, sino también que quienes se habían presentado como representantes de grandes empresas no lo eran. Reveló que estas maniobras eran parte de un patrón delictivo sistemático, con una clara organización y planificación previa, cuyo único fin era quedarse con una gran cantidad de mercadería sin intención alguna de pagarla.

Como resultado de las pesquisas, dos hombres de 30 y 48 años fueron imputados en la causa por la estafa al corralón y en una audiencia flexible y multipropósito el juez de Garantías interviniente dictó la prisión preventiva para uno de ellos, con lo que ordenó que continúe alojado en una comisaría de San José de Metán.

El segundo imputado recuperó su libertad, aunque bajo estrictas condiciones. Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de identificar y localizar a todos los partícipes de esta red delictiva.