Ayer se llevó a cabo en el Centro Comunitario Finca El Potrero, de la localidad de Iruya una audiencia con las partes intervinientes en el marco de un conflicto de tierras suscitado entre una comunidad indígena y el municipio de esa localidad. 

Durante una audiencia encabezada por el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, los organismos oficiales mostraron los planos de los terrenos en cuestión, de los que se pudo conocer que algunas de las casas construidas se encuentran sobre el territorio perteneciente al ejido urbano de Iruya. 

Como se recordará, el conflicto comenzó por la construcción de casas por parte del Instituto Provincial de la Vivienda. El representante de la comunidad dijo que al dar comienzo a la construcción se remitieron notas al Poder Ejecutivo, para regular la cuestión, ya que estaban en su tierra. El municipio de Iruya, por su parte, manifestó que las tierras estaban dentro de su jurisdicción.

Ante ello, y escuchadas todas las partes, el juez dispuso que los organismos pertinentes deberán tener en cuenta las necesidades especiales a la hora de asignar las casas. 

También notificó a las partes que las casas se encuentran ubicadas en las matriculas catastrales que pertenecen a la Provincia, por lo que deben continuar de manera pacífica e impedir que se cometa cualquier hecho que pueda ser considerado delito. 

Por último, intimó a las partes a presentar en el plazo de 15 días un acuerdo conciliatorio, para su homologación.