La causa inició a partir de denuncias anónimas recibidas vía web, y se centró en una mujer de 42 años que vendía frogas en los barrios Primera Junta y Ceferino.

La pesquisa comenzó con tareas de vigilancia con las que se pudo documentar las actividades ilícitas de la acusada mediante filmaciones y fotografías. Posteriormente, y para consolidar las pruebas, la Unidad Fiscal implementó la técnica del "agente revelador" o agente encubierto. Esta maniobra permitió concretar aproximadamente cuatro compras simuladas de sustancias estupefacientes, todas ellas debidamente documentadas y con resultado positivo, realizadas entre septiembre y octubre de 2025.

El 4 de noviembre se realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados a la acusada. En el primer domicilio, ubicado en barrio Ceferino, los agentes secuestraron una gran cantidad de sustancia estupefaciente acondicionada y fraccionada para la venta al consumidor. Los secuestros incluyeron distintas porciones de envoltorios que arrojaron un peso total de 48 gramos y 17 gramos de cocaína, respectivamente, además de una cantidad significativa de "pasta base" que totalizó 532 gramos. En ese mismo lugar se incautaron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un arma de aire comprimido.

En el segundo domicilio, situado en barrio Primera Junta, se incautaron dos envoltorios con un gramo de sustancia amarillenta compacta que dio positivo para cocaína. Un elemento probatorio de gran relevancia fueron las prendas de vestir secuestradas que fueron identificadas como las usadas por la acusada en una de las últimas ventas efectuadas al agente revelador. Adicionalmente, entre el dinero en efectivo encontrado, se identificaron dos billetes que habían sido provistos por la Procuración para la implementación de las compras simuladas, lo que constituyó una prueba clave de la actividad ilícita habitual de venta de drogas.

Finalmente se realizó una audiencia flexible y multipropósito donde las partes alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado. En ese sentido la mujer reconoció su participación y responsabilidad en el hecho imputado y prestó conformidad con la pena acordada.

El juez de Garantías interviniente declaró procedente el acuerdo y la condenó a la pena de cuatro años de prisión efectiva cuya modalidad de cumplimiento sería de prisión domiciliaria. También deberá pagar la multa impuesta.