Un sujeto de 24 años fue condenado a tres años de prisión condicional como autor de los delitos de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez de la víctima (estupro) en perjuicio de una menor (15 años al momento del hecho) y amenazas, en perjuicio de M. C. L., en concurso real.

El juez Francisco Mascarello, vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio, le dictó al condenado las siguientes reglas de conducta por el término de tres años: fijar domicilio y someterse al cuidado de la Dirección de inserción social y supervisión de presos y liberados; no cometer nuevo delito; abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas y de estupefacientes; prohibición de acercamiento a las damnificadas, a su domicilio y lugares que frecuenten; realizar tratamiento psicológico vinculado a la naturaleza de los hechos por los cuales resultó condenado y por el consumo problemático de bebidas alcohólicas. Todo ello con estricto apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta en caso de incumplimiento.

El juez ordenó que el imputado sea examinado por un profesional del Servicio Médico Forense del Poder Judicial a fin de que se obtengan sus señas particulares y que se le extraiga material genético para su inscripción en el banco de datos correspondiente.

El imputado J. M. B. fue denunciado por la madre de la menor damnificada. Según consta en la causa, el sujeto llevó a la menor a un inmueble en Campo Santo, donde mantuvo relaciones sexuales con la adolescente. Horas antes de este encuentro habían estado consumiendo bebidas alcohólicas. Si bien la víctima prestó su consentimiento para la consumación del acto sexual, y a pesar de no haberle comentado al acusado su edad,  de los distintos testimonios prestados en el juicio y por su apariencia, era evidente que la damnificada era menor de edad.

El imputado también fue condenado por amenazas. En este caso, la denuncia fue presentada por la propia madre de J. M. B., quien llamó a la policía solicitando ayuda porque su hijo quería matar a su nuera.

Nota: Se omitió el nombre completo de las personas involucradas para preservar la identidad de la menor y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Ley 23849) y las Leyes 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 26522 de Servicio de Comunicación Audiovisual.