La excoordinadora y cinco exoperadoras del dispositivo de protección “Casita feliz” fueron condenadas e inhabilitadas para ejercer la función pública por resultar coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez Leonardo Feans, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio, presidió la audiencia de debate seguida contra las extrabajadoras del hogar dependiente de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia.

El juez condenó a la excoordinadora del dispositivo a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial. A otras cinco imputadas, todas exoperadoras, les dictó una pena de un año y seis meses de prisión condicional y tres años de inhabilitación. Todas ellas deberán cumplir reglas de conducta para conservar la modalidad de la condena.

En su fallo, el juez absolvió a otras tres mujeres que habían llegado a juicio acusadas por el mismo delito, por aplicación del beneficio de la duda.

Por el Ministerio Público intervino el fiscal Ramiro Ramos Ossorio.

En junio de 2023 se inició una investigación en relación a posibles malos tratos en el dispositivo de protección de niños y adolescentes “Casita feliz”. Entonces salió a la luz que tanto la excoordinadora del hogar como un grupo de exoperadoras tenían conductas inapropiadas respecto del cuidado dispensado a los menores que presentaban “mal comportamiento”. El personal utilizaba como mecanismo disciplinador la introducción de los chicos y chicas, con ropa, bajo la ducha fría.