Un hombre de 32 años será juzgado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la guarda, exhibiciones obscenas agravadas, suministro de material prohibido a menores, abuso sexual simple y coacción, todo en concurso real.

El juez Eduardo Sángari dispuso la continuación del proceso con la remisión de las actuaciones a la vocalía correspondiente para la fijación de fecha de audiencia de debate.

El imputado es empleado de comercio. La víctima principal es una menor de edad, estudiante. Al momento de los hechos se encontraba bajo el cuidado del imputado, quien es familiar suyo.

Según lo relatado por la víctima, los abusos ocurrieron de manera continuada desde que ella tenía aproximadamente cinco o seis años hasta comienzos de 2023. Durante este período, el imputado habría aprovechado su calidad de guardador y familiar directo para desarrollar una serie de conductas inapropiadas: actos de contacto físico indebido y exposición a material no apto para menores.

En la causa hay una segunda víctima, otra menor de edad a quien el acusado habría sometido a tocamientos impúdicos mientras se desplazaban en una motocicleta.

La admisión de pruebas se llevó a cabo en el marco de una audiencia flexible y multipropósito del Plan Piloto de Oralidad.

La defensa técnica del imputado planteó la nulidad de un informe pericial argumentando que no se había garantizado adecuadamente el derecho de defensa. Tras revisar las constancias procesales, el tribunal rechazó el planteo al considerar que no existía vulneración de las garantías constitucionales.