Un sujeto imputado por lesiones leves solicitó la suspensión de juicio a prueba en la Sala I del Tribunal de Juicio. El juez Martín Fernando Pérez le concedió el beneficio durante un año.

El juez estableció que la reparación por los daños causado por el delito sea la ofrecida por el imputado, consistente en el pago de 30 mil pesos en tres cuotas mensuales consecutivos de 10 mil pesos.

Además, el acusado deberá cumplir una serie de normas de conducta: fijar domicilio real y notificar cualquier cambio al tribunal; abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; no cometer nuevo delito; prohibición de acercamiento a la denunciante, al damnificado, a su domicilio y lugares que ellos frecuenten; abstenerse de ejercer actos de violencia física o psicológica y de contactarse con ellos por cualquier medio; realizar tratamiento psicológico previo examen que acredite su necesidad para el control de sus impulsos e ira y presentar la constancia de inicio en veinte días.

La probation contó con el consentimiento del fiscal. El delito imputado se encontraba reprimido con una escala penal que permitía la aplicación del beneficio. El acusado carecía de antecedentes condenatorios.

La denunciante (madre del damnificado) aceptó la reparación económica ofrecida por el imputado.