La fiscalía presentó hoy sus alegatos en el juicio seguido contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza. 

La fiscal Claudia Geria solicitó para Ernesto Gonza una pena de siete años de prisión efectiva con inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Para Rogelio Guaymás pidió seis años de prisión efectiva con idéntico lapso de inhabilitación. Finalmente, para Aldo Gonza requirió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo más inhabilitación.

En relación al exintendente, la representante del Ministerio Público solicitó la unificación de penas con una condena anterior que tiene el imputado.

Mañana expondrán sus alegatos las defensas y, luego de la deliberación, el tribunal dará a conocer el veredicto.

El juicio está a cargo de los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello. En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez (apoderada de la comuna). La defensa del acusado Rogelio Guaymás está en manos de Juan Diego Herrera y, la de los hermanos Gonza, a cargo de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.

Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.

La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien luego de asumir -durante su primer mandato- dispuso la realización de una auditoría externa respecto de la gestión de su antecesor, Ernesto Gonza. El informe final reveló numerosas inconsistencias.

Según consta en la causa, el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión de la administración pública municipal. Según el decreto de imputación, los coimputados habrían dispuesto en forma discrecional de los recursos municipales sin observar normas vigentes, lo que habría derivado en un grave perjuicio al erario municipal. Estas maniobras habrían facilitado el manejo a voluntad de los fondos públicos. Esto, sumado a la falta de rendición de cuentas por parte del exjefe comunal al término de su mandato.