Un sujeto de 41 años resultó condenado a la pena única de cinco años de prisión efectiva como responsable de los delitos de amenazas y coacción. La condena fue dictada por el juez Aldo Rubén Saravia en el marco de la audiencia de cesura fijada para hoy. El monto resultó de la unificación con una condena previa dictada al acusado en mayo de 2024.

El juez mantuvo la declaración de reincidencia por tercera vez y dispuso que se practique el correspondiente cómputo. Además ordenó que se extraigan muestras genéticas al imputado y que se libre oficio al Servicio Penitenciario para que reciba el tratamiento indicado por su patología y la medicación prescripta mientras permanezca privado de su libertad.

El sujeto fue denunciado en marzo de 2023 por una abogada penalista. La damnificada dijo haber recibido amenazas de agresión física y sexual por parte del imputado.

Durante la audiencia de determinación de pena, el juez escuchó en primer término el pedido de las partes y el planteo de circunstancias agravantes y atenuantes.

La fiscalía solicitó para el acusado una condena de dos años y diez meses de prisión efectiva. La damnificada, que ofició de querellante, pidió que se lo condene a tres años y medio de prisión efectiva. La defensa, en tanto, requirió el mínimo de la escala penal, es decir, dos años de prisión efectiva y unificación composicional con la condena anterior. Subsidiariamente, solicitó que se disponga el arresto domiciliario del imputado en razón de su discapacidad, con las medidas de coerción que se consideren necesarias.  

Luego de deliberar, el juez determinó el monto de la pena. Previo a comunicarla, fundamentó oralmente las razones de su decisión. Expuso sobre la normativa aplicada y el análisis de las circunstancias agravantes y atenuantes esgrimidas por las partes. En relación a la salud del acusado, consideró que si bien su patología psiquiátrica debía ser tenida en cuenta, no excluía el dolo y tenía relación directa con los hechos denunciados. Sostuvo que su condición no le impedía cumplir la pena en un establecimiento carcelario con las previsiones del caso.

Por el Ministerio Público intervino el fiscal Esteban Martearena. La defensa del acusado estuvo a cargo de Alejandro Cuello.