Nuevo Código Procesal Penal: Audiencia de admisibilidad de pruebas en una causa por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público
Se llevó a cabo hoy la audiencia de admisibilidad de pruebas en una causa seguida contra el intendente de La Merced, acusado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, en concurso real; y contra tres exconcejales, como probables partícipes necesarios de peculado.
La audiencia fue presidida por el juez Aldo Rubén Saravia. En representación del Ministerio Público intervino la auxiliar fiscal María Eugenia López Ahanduni. La defensa técnica de los acusados está a cargo de Darío Palmier y Juan José Valdez Aguilar. En la parte querellante, en representación del Concejo Deliberante de La Merced, se desempeña Franco Gorriti.
Al inicio de la audiencia, le defensa del intendente Javier Rafael Wayar realizó tres planteos preliminares. El juez rechazó dos de las presentaciones por tratarse de cuestiones ya resueltas y que no correspondía discutir en la instancia de admisibilidad de pruebas. Y difirió la decisión sobre el tercer planteo hasta tanto se constate la existencia de una notificación cursada a la querella.
Seguidamente, el juez instó a las partes a avanzar en un posible acuerdo probatorio sobre los aspectos fácticos que no se encuentren controvertidos.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el expresidente del Concejo Deliberante de La Merced, Santiago Huerga, junto a un grupo de ediles. En relación al delito de peculado, la parte acusadora sostuvo que de una investigación surgió que en septiembre de 2020 el jefe comunal realizó transferencias sin justificación desde la cuenta bancaria de la Municipalidad a las cuentas personales de los tres coimputados, Dina Pastrana, Pedro Gutiérrez y Daniel Coreico.
En relación al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, la fiscalía detalló que el intendente de La Merced confeccionó, suscribió y aprobó un contrato de comodato entre la comuna y una asociación civil, cediéndole un inmueble ubicado dentro del predio del matadero. Esto, sin respetar lo establecido en la Carta Orgánica municipal en cuanto a la obligación de realizar una licitación previa y de contar con la autorización del Concejo Deliberante.
La audiencia fue presidida por el juez Aldo Rubén Saravia. En representación del Ministerio Público intervino la auxiliar fiscal María Eugenia López Ahanduni. La defensa técnica de los acusados está a cargo de Darío Palmier y Juan José Valdez Aguilar. En la parte querellante, en representación del Concejo Deliberante de La Merced, se desempeña Franco Gorriti.
Al inicio de la audiencia, le defensa del intendente Javier Rafael Wayar realizó tres planteos preliminares. El juez rechazó dos de las presentaciones por tratarse de cuestiones ya resueltas y que no correspondía discutir en la instancia de admisibilidad de pruebas. Y difirió la decisión sobre el tercer planteo hasta tanto se constate la existencia de una notificación cursada a la querella.
Seguidamente, el juez instó a las partes a avanzar en un posible acuerdo probatorio sobre los aspectos fácticos que no se encuentren controvertidos.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el expresidente del Concejo Deliberante de La Merced, Santiago Huerga, junto a un grupo de ediles. En relación al delito de peculado, la parte acusadora sostuvo que de una investigación surgió que en septiembre de 2020 el jefe comunal realizó transferencias sin justificación desde la cuenta bancaria de la Municipalidad a las cuentas personales de los tres coimputados, Dina Pastrana, Pedro Gutiérrez y Daniel Coreico.
En relación al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, la fiscalía detalló que el intendente de La Merced confeccionó, suscribió y aprobó un contrato de comodato entre la comuna y una asociación civil, cediéndole un inmueble ubicado dentro del predio del matadero. Esto, sin respetar lo establecido en la Carta Orgánica municipal en cuanto a la obligación de realizar una licitación previa y de contar con la autorización del Concejo Deliberante.
/Poder Judicial de Salta