A partir del próximo lunes a las 9, se abrirá la puja electrónica por diversos bienes. La modalidad online, que cuenta con casi 10.000 usuarios, garantiza transparencia y participación las 24 horas.

El Poder Judicial de Salta habilitó una nueva subasta electrónica. Se trata bienes secuestrados en causas penales que ya cuentan con los requisitos legales para su remate. En esta oportunidad, se rematarán 51 objetos, entre los que se destaca un reloj de oro de 18 quilates (16,5 gramos), cuya pureza –al igual que la del resto de las alhajas– ha sido certificada por joyeros locales para brindar total seguridad a los compradores.

Plazos, participación y bienes

El proceso de recepción de ofertas iniciará este lunes y se extenderá hasta el 22 de mayo a las 15:00. Los interesados deberán registrarse previamente en el sitio oficial https://subastas.justiciasalta.gov.ar, requisito indispensable para operar en el sistema. El remate comprende 24 joyas, 20 bicicletas, 1 motocicleta, 1 automóvil, entre otros bienes.

Un sistema consolidado

Con un padrón cercano a los 10.000 usuarios registrados, la subasta digital se ha consolidado como la opción superadora de los remates presenciales. Esta herramienta elimina las barreras geográficas y temporales, permitiendo que cualquier ciudadano participe desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Las ventajas de la puja virtual

• Disponibilidad absoluta: El sistema permite registrar ofertas de forma ininterrumpida las 24 horas, incluyendo fines de semana y feriados.

• Transparencia en tiempo real: Los usuarios pueden monitorear el avance de las ofertas y la competencia de manera inmediata.

• Logística federal: Aquellos compradores que no residan en la ciudad de Salta podrán coordinar el envío de los bienes adquiridos, asumiendo los costos correspondientes.

Modernización y gestión

Para esta edición, la martillera designada por sorteo estará a disposición para evacuar consultas técnicas; sus datos de contacto se encuentran publicados en el portal de subastas.

La implementación de este sistema digital no solo agiliza la administración de justicia, sino que profundiza las políticas de despapelización y acceso público, asegurando que los procesos judiciales sean abiertos y competitivos para toda la comunidad.