Con la declaración de profesionales de la salud se reanudó hoy la audiencia de debate seguida contra nueve médicos del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes. Están acusados del delito de homicidio culposo en perjuicio de una paciente de 60 años que ingresó al centro asistencial el 28 de febrero de 2017 y falleció el 10 de marzo de ese mismo año.

Uno de los testigos -perito del CIF- fue consultado acerca de su intervención en la junta médica realizada en el marco de la causa, con presencia de un perito de parte. Luego de reconocer su informe, el testigo se explayó sobre los puntos de pericia solicitados. Uno de ellos apuntaba a determinar si la asistencia brindada a la damnificada desde su ingreso al hospital hasta su fallecimiento había sido la adecuada para la sintomatología que presentaba. La respuesta volcada en el informe fue que la atención no fue la apropiada puesto que no se investigó el origen de la hemorragia digestiva que presentaba la paciente. Además, el informe indica que en la historia clínica se hacía referencia a exámenes complementarios que no fueron asentados.

El médico legal indicó además que no se pudo determinar el origen del paro cardiorrespiratorio que sufrió la paciente porque no se practicó el procedimiento de la autopsia. Ante esto –sostuvo- lo que se concluya al respecto es presuntivo ya que pueden ser múltiples las causas de un paro. Agregó que por la misma razón no se puede precisar con certeza la causa de muerte.

El perito también señaló que en el registro de enfermería del 7 de marzo de 2017 no había evidencia de la administración de ranitidina o penicilina por vía intravenosa, drogas a las cuales la paciente pudo ser alérgica.

Durante la jornada declararon también, entre otros, dos colegas de los acusados, médicos del mismo hospital. Hicieron referencia a sus intervenciones durante la internación de la paciente. Uno indicó que la había atendido el segundo día de su permanencia en terapia intensiva, adonde ingresó en estado grave y con falla multiorgánica. Dijo que estando en el área de clínica médica le habían administrado una medicación (protector gástrico) que le produjo un shock y paro cardiorrespiratorio. Manifestó que todo apuntaba a que había sufrido una reacción alérgica. Dijo que él había sido el encargado de hacer el certificado de defunción.

Otra médica, colega de los acusados, refirió que asistió a la paciente en terapia intensiva. Presentaba paro cardiorrespiratorio. Dijo que se la reanimó y quedó en esa sala. La testigo citó en su informe que la mujer había presentado un cuadro de lipotimia luego de recibir un inyectable, pero dijo que no le habían dado precisiones acerca de la droga administrada.

El tribunal está integrado por los jueces Francisco Mascarello (presidente), José Luis Riera y Aldo Rubén Saravia. Por el Ministerio Público interviene el fiscal Santiago López Soto. La defensa está a cargo de Jorge Causarano, José Fernando Teseyra, Lucio Flores Giralt y Ricardo Loutayf.

Según consta en la acusación, el 28 de febrero de 2017 la paciente ingresó al hospital  Joaquín Castellanos con un cuadro de gastroenteritis aguda y quedó internada. Fue atendida progresivamente por los nueve imputados. El 5 de marzo comenzó a cursar una hemorragia digestiva. Según consta en el requerimiento fiscal, los facultativos no actuaron en consecuencia y no le brindaron el tratamiento adecuado y oportuno. Para la parte acusadora, ante el cuadro de hemorragia, la paciente debió ser trasladada a una sala de mayor complejidad y debió consultarse a un especialista en la materia. La fiscalía sostiene que los médicos no utilizaron todos los recursos disponibles para brindarle a la damnificada un tratamiento acorde, lo que ocasionó el deterioro progresivo de su salud. El 7 de marzo sufrió una descompensación severa y el 10 falleció por una falla multiorgánica.