La madrugada del 29 de junio de 2024 la pareja se encontraba compartiendo bebidas en un bar de la ciudad de San José de Metán. 

Pasadas las 4 de la mañana el hombre de 32 años dijo que quería seguir ahí tomando, pero la mujer le pidió volver a su casa. Él se molestó y decidió retirarse a pie para seguir consumiendo alcohol por su cuenta, dejando que ella se vaya en el auto hasta el domicilio en el que convivían. Esa noche cerca de las 11, la mujer se disponía a salir de su casa y, mientras intentaba arrancar el auto, la sorprendió el acusado, que la golpeó en la cabeza, le apretó la mano y le sacó las llaves del vehículo. 

El hijo menor de ambos intentó intervenir utilizando su teléfono celular para llamar a la policía, pero el agresor se lo quitó y lo rompió, impidiendo que el niño pudiera completar la llamada. En ese momento intervinieron los vecinos y personas que pasaban por el lugar, lo que permitió que la mujer lograra refugiarse dentro de la vivienda y cerrar todas las puertas con llave, mientras el hombre se retiraba a la casa de un vecino para continuar ingiriendo bebidas alcohólicas.
    
A las 8 de la mañana del día siguiente, el acusado volvió a la propiedad en evidente estado de ebriedad y sumamente molesto y enojado. La víctima le impidió que entre ya que tenía miedo, y él comenzó a golpear violentamente una de las ventanas de la casa hasta abrirla. La hoja se abrió tan de repente que le golpeó la cara a la mujer, provocándole un corte en el pómulo izquierdo. El agresor entró, lo que obligó a la víctima a escapar corriendo junto a su hijo, quien gritaba pidiendo ayuda. Se refugiaron en la casa de una vecina que finalmente dio aviso a la policía.

En una audiencia flexible y multipropósito las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. La jueza de Metán María Cecilia Corral Martin lo condenó por ser autor de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y mediar violencia de género, en concurso real con daños. Le impuso la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, lo que implica que el condenado no cumplirá la pena de manera efectiva en un establecimiento carcelario, pero deberá someterse estrictamente a una serie de reglas de conducta.

El acuerdo contó con el consentimiento de la denunciante.