Una mujer que llegó imputada por los delitos de hurto y hurto agravado por la participación de un menor en Corrientes fue beneficiada con la suspensión del juicio a prueba en una audiencia celebrada por videoconferencia. 

La videoconferencia se concretó con la intervención del Centro Judicial de Mediación del Poder Judicial de Salta, su par de Corrientes, el Juzgado de Garantías 1 de Salta y el Juzgado Correccional 1 de Corrientes.

La particularidad, además de la videoconferencia es que la mujer deberá cumplir con las tareas comunitarias en Salta por el término de un año y medio.

La Defensora Oficial Penal 3, Marcela Sánchez Peralta, solicitó la suspensión de juicio a prueba en favor de la mujer señalando que ésta residía en Salta, era madre de dos niñas y carecía de recursos no sólo para trasladarse sino para ofrecer  una reparación del daño en la medida de sus posibilidades.

Ante esa situación, con la opinión favorable de la representante del Ministerio Público Fiscal, Andrea González, la Jueza Correccional 1, Gabriela Alejandra Aromí, dispuso que la audiencia se realizara por videoconferencia. De ese modo se  facilitaba el acceso a justicia de las partes. 

En la audiencia, luego de escuchar la petición de la defensa y las manifestaciones de los protagonistas del conflicto, con el dictamen favorable de la Fiscalía, la jueza Aromí resolvió oralmente la suspensión de juicio a prueba.

Como reglas de conducta, se estableció que la mujer no ingresará a los locales comerciales de la empresa damnificada y que cumpla tareas comunitarias gratuitas en una iglesia de la ciudad de Salta. Esas tareas se extenderán un período de un año y medio.

La jueza destacó que la práctica novedosa se realizó con el apoyo del Centro Judicial de Mediación, y pone en práctica uno de los Objetivos Estratégicos que el Poder Judicial de Corrientes se propuso: optimizar el uso de las tecnologías para la mejora y medición de la gestión” explicó y agregó que permite desarrollar canales virtuales como un medio efectivo y eficiente para interactuar con el interior u otros Poderes Judiciales.

Más allá de las reglas procesales, el sistema constitucional concibe al sistema penal como parte del sistema de gestión de la conflictividad, en cuyo marco la respuesta punitiva es la última.

Desde esa visión, tomando en consideración que los conflictos impactan en las víctimas y en la comunidad con intensidades diferentes, los sistemas judiciales deben buscar la resolución del conflicto, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social.

La justicia restaurativa, aspira a lograr el balance entre la víctima, el infractor y la comunidad. Particularmente en relación a delitos menores, la justicia restaurativa es preferible al tradicional proceso penal, en razón de que ayuda a fortalecer el tejido social y conduce a una reducción del uso de la privación de libertad.