En un juicio abreviado llevado a cabo en la Sala II, dos sujetos fueron condenados por venta de estupefacientes. La jueza María Victoria Montoya Quiroga dispuso que el automóvil y los celulares decomisados en el marco de la causa sean afectados a la investigación de delitos de narcotráfico.

Rodrigo Jonathan Alberto López (33) resultó condenado a cuatro años de prisión efectiva como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El imputado fue trasladado a la Unidad carcelaria 1, para el cumplimiento de la pena dictada.

Sergio Emanuel Aucachi (32), en tanto, fue condenado a tres años de prisión condicional y al pago de una multa como partícipe secundario del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil.

El imputado permanecerá en libertad por la modalidad de la condena y deberá cumplir, durante tres años, una serie de reglas de conducta, como someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; mantener una actividad laboral lícita y de acuerdo a sus capacidades, entre otras obligaciones.

López y Aucachi fueron condenados a partir de una denuncia anónima radicada en la página web del Ministerio Público, que daba cuenta de que ambos se dedicaban a la venta de drogas.  

La investigación policial constató la actividad ilícita desarrollada por ambos imputados, especialmente en la zona de barrio San Remo.
Aucachi, propietario de un remís, colaboraba con López participando en la distribución de las sustancias prohibidas.

En los allanamientos realizados en el marco de la causa se secuestraron envoltorios con cannabis sativa y cocaína, dinero en efectivo, celulares, dos revólveres y un automóvil.

Tras dictar el veredicto, la jueza resolvió la afectación del vehículo decomisado a favor del Ministerio Público Fiscal, para ser utilizado en la investigación de delitos de narcotráfico. Ordenó además la contratación de un seguro contra todo riesgo sobre el automóvil y el control semestral de la afectación dictada.

La jueza resolvió la entrega del remís secuestrado en función del artículo 8 de la ley 7838, que dispone que “los bienes secuestrados podrán entregarse en depósito a favor de los Poderes del Estado o de sus reparticiones, a solicitud de los titulares de los mismos, o del Ministro respectivo. En estos casos, los bienes entregados deberán afectarse a la atención de las necesidades públicas, exclusivamente, debiendo constituirse un seguro contra todo riesgo”.